jueves, 25 de abril de 2013

Llamamiento a las movilizaciones en defensa de la educación pública que comienzan hoy y culminarán el 9 de mayo con Huelga General

via @CCOOCLM
CCOO, UGT, STE, el Sindicato de Estudiantes de Castilla-La Mancha, Estudiantes en Movimiento de CLM y CEAPA CLM (Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos) hacen un llamamiento a las movilizaciones contra los recortes y las reformas educativas que plantea el Gobierno y en defensa de la educación pública que comienzan hoy en la región y que culminarán el próximo 9 de mayo con una Huelga General en todas las etapas educativas. Es la primera vez que se convoca un paro general en todos los ciclos de la educación y por todos los sectores de la comunidad educativa.

Foto de la rueda de prensa

Así lo han manifestado esta mañana en rueda de prensa el secretario regional de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM, Alfonso Gil, su homólogo en UGT CLM, Lorenzo Prado, Matilde Castilla, miembro del secretariado de STE CLM, Sandra Turón del Sindicato de Estudiantes de Castilla-La Mancha y David López de Estudiantes en Movimiento de CLM. De la CEAPA finalmente no ha podido asistir ningún representante a la rueda de prensa.

Desde hoy habrá encierros en los centros educativos, cadenas humanas, marchas nocturnas, asambleas, clases en la calle, conferencias, talleres… que se extenderán en las próximas semanas hasta el 9 de mayo que hay Huelga General en todo el país. En Castilla-La Mancha hay convocadas para ese día manifestaciones en las cinco capitales de provincia y en Talavera de la Reina.

Gil destacó que es la primera vez que se convoca una huelga general en todos los niveles educativos y por todos los sectores de la comunidad educativa. Una huelga para demostrar el rechazo a lo que está ocurriendo y a lo que viene, el rechazo a los recortes que los gobiernos están realizando en la educación, a la LOMCE que degrada las condiciones laborales, agrava los problemas de la educación, consolida los recortes, privatiza y segrega, al desmantelamiento de los servicios públicos (la educación va a dejar de ser un derecho de la ciudadanía a ser un bien que podrá adquirir quien tenga medios para ello). Una movilización y una huelga para defender que la comunidad educativa sea quien gestione los centros y no un director nombrado por la administración, y en defensa de una educación en valores compartidos (el Consejo de Estado ha pedido en su dictamen sobre la reforma educativa del anteproyecto de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que ultima el Gobierno que no desaparezca la asignatura de Educación para la Ciudadanía).

Por su parte, Castilla hizo hincapié en que la LOMCE, que el próximo mes de mayo llegará al Parlamento, supondrá un “retroceso en la calidad de la educación y en las condiciones laborales de las y los docentes, dando mayor inestabilidad a las plantillas. Es un reforma educativa ideológica, privatizadora, segregadora.”

El secretario regional de la Federación de Enseñanza de UGT CLM estimó que la implantación de la LOMCE tendrá un coste directo de 500 millones de euros hasta 2016 que asumirá el Ministerio de Educación, a los que hay que sumar los costes de consolidación que no se acaban nunca y que corren a cargo de las comunidades autónomas, que se encontrarán con obstáculos para poder asumirlos y tendrán que reducir costes en gastos y personal. Se va a producir una “reducción drástica” de puestos de trabajo de docentes, advirtió Prado. “Estamos con recortes y nos metemos en una nueva ley; ley que el Consejo de Estado en el citado dictamen ha manifestado que no es necesaria, hay que revisar el sistema educativo pero no hay que hacer una nueva ley”.

Por otro lado, Turón ha hecho un llamamiento a la movilización, “el único camino para luchar contra las pretensiones del Gobierno y para que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, dimita”. “Se quiere eliminar el derecho de huelga de las y los estudiantes y poner más prácticas en la FP para tener a trabajadores esclavos”.

Finalmente, López señaló que con la subida de tasas universitarias se persigue un objetivo elitizador y mercantilizador y alertó de que se está intentando cobrar tasas en la FP, -una FP devaluada y que busca un menor nivel de formación-, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas como Madrid. Asimismo denunció que se dote de mayor presupuesto a la enseñanza concertada que a la pública, así 128 centros concertados de la región han recibido una inversión de 583 millones de euros, mientras que 1.130 colegios públicos reciben 1.000 millones; en el caso de la UCLM la aportación de la JCCM a la Universidad no llega a los 100 millones de euros.

miércoles, 24 de abril de 2013

ESTUDIANTES DE TODO EL ESTADO SE MOVILIZARÁN EL 25 DE ABRIL


          La red estatal de organizaciones estudiantiles, Estudiantes en Movimiento, rechaza la brutal e injusta subida de tasas realizada el jueves 19 por la Conferencia Sectorial de Política Universitaria de hasta el 66%.
          Esta medida se une a las recientes decisiones del gobierno del PP de acelerar el proceso de mercantilización, que EeM condena, de la educación pública a través del recorte del 22% del presupuesto en educación, del 62% a Universidad, o de 3000 millones a la financiación de las comunidades autónomas.
          Por todo ello la red estatal ratifica su apoyo a la jornada de lucha estudiantil del 25 de abril (se adjunta el listado de movilizaciones) y llama a la comunidad educativa de todos los lugares del Estado a salir a las calles a denunciar la subida de tasas y los recortes, y a movilizarse por sus derechos sociales y por la educación pública.

Las políticas antisociales de la austeridad y la destrucción de lo público son la tónica de un gobierno que se vale de recetas neoliberales para imponer los beneficios de una minoría sobre las necesidades de la mayoría, a la que se condena a no poder tener sanidad, pensión, trabajo ni educación de calidad. La violencia estructural que genera la desigualdad y los recortes se combina con la violencia institucional ejercida desde el gobierno para neutralizar una protesta cada día más numerosa, pacífica y argumentada. Una violencia institucional que combina los anuncios del Ministro del Interior de limitar el derecho de reunión y manifestación con el precedente que marca la represión policial que se está viviendo en Barcelona, con tres estudiantes encarcelados sin juicio y más de un centenar de encausados.
                                             
El gobierno restringe también el acceso a la Universidad de las capas con rentas más bajas a través de una subida de tasas sin precedentes precarizando el derecho universal a la educación. Por otra parte, se empeoran notablemente las condiciones de estudio del conjunto de estudiantes al plantearse la supresión de carreras que no cumplan criterios de rentabilidad económica o de fusión de centros y desaparición de facultades y universidades que no atiendan a estos mismos criterios que son ajenos a los intereses del conjunto del estudiantado y de la sociedad. Esta subida de tasas no se verá compensada con un aumento de las becas, un argumento gratuito que ha utilizado el gobierno ante el público pero que no tiene una contrapartida real en los Presupuestos Generales del Estado. En realidad, la partida de becas, lejos de crecer, se ha reducido en 166 millones.

Todas estas medidas están recogidas en el Real Decreto-Ley 14/2012 del 20 de abril. Un decreto que, con menores garantías, modifica la ley orgánica en vigor, la LOM-LOU (2007), y hace cambios estructurales en la Universidad y Educación Públicas. En torno a las tasas, cambia tanto la forma institucional como el margen de subida: se ha encargado de ello la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) formada por los titulares de Educación del Estado y las Autonomías, y no el órgano acreditado para ello, el Consejo de Universidades, formado por el Ministro y los rectores de las Universidades Públicas. La horquilla de incremento deja de estar en porcentajes menores del 10% para pasar a un margen entre el 0% y el 66%, provocando un previsible agravio comparativo entre el estudiantado del Estado, en función de la decisión que tome el gobierno de cada Autonomía. Con respecto al profesorado, el decreto aumenta considerablemente su carga lectiva. Sobrecarga a aquel Personal Docente e Investigador (PDI) que ha sido más docente que investigador, sin considerar que esto podría responder no a una preferencia personal sino a la misma dotación de recursos a la baja de los últimos años. Por último, el decreto abre la posibilidad de que las empresas influyan directamente en la configuración de las titulaciones.

Las autoridades educativas quieren dejar a las y los estudiantes dos opciones: o endeudarse para estudiar o dejar los estudios. Esta lógica de la violencia institucional contra las mayorías sociales, en este caso contra el estudiantado, sólo puede ser respondida con la lucha colectiva y unitaria; y por ello el 25 de abril será una jornada en la que la Universidad y los institutos se manifestarán contra el recorte de su futuro y por la educación pública en todo el estado